Mi última experiencia marroquí fue hace dos años, en el nuevo aeropuerto de Casablanca. Un control de pasaportes improvisado en un pasillo de la terminal de llegadas provocó un gigantesco embudo entre los cientos de pasajeros provenientes de África. Apelotonados, sin que nadie organizara filas, nos costó una hora de empujones sortearlo. Luego en los escáneres, lo mismo: nadie respetó una cola y nadie la hizo respetar; pasamos a empujones. A toda carrera, llegamos los últimos a la puerta de embarque del vuelo a Madrid. Cuando los cuatro pasajeros, sudorosos y agotados, nos relajamos, nos extrañó la velocidad inusualmente lenta del autobús que nos llevaba al avión. Miré al conductor. Me indicó que me acercara y cuando lo hice, me hizo el gesto de pedir dinero con los dedos. Para mi sorpresa, ¡quería cobrarnos por ir más rápido y llegar al avión a tiempo!
Es una anécdota, sí, pero también una categoría de un país que se vanagloria de su modernización —aeropuertos nuevos, un tranvía en Rabat, una autopista Donald Trump, una incipiente clase media, atracción masiva de inversiones chinas y un campeonato mundial de fútbol en ciernes— pero del que 60.000 personas son capaces de marcharse con lo puesto en 24 horas. Ese nivel de éxodo, sin que haya una guerra civil, como en los Balcanes, Siria o Sudán, es propio de los boat people vietnamitas de los ochenta; los balseros cubanos de los noventa o los venezolanos que han huido de su país en la última década. Es decir, de dictaduras asfixiantes de primer nivel.
Marruecos no es un Estado fallido, no sufre una guerra civil y, sin embargo, es un país invivible y sin futuro para decenas de miles de personas —no solo para jóvenes, sino también, como hemos visto, para adultos y familias enteras. Y todo ese éxodo desesperado ocurre en el día en que el Rey celebra el aniversario de su ascensión al Trono. ¿Qué son para el Rey esos 60.000 marroquíes, muchos de los cuales gritaban “¡Viva España!” o besaban su suelo? ¿Y los 67 muertos? ¿Basura? ¿Engañados? No lo sabemos, porque ni él ni su régimen se dignan a nombrarlos ni dirigirse a ellos. Pero sí sabemos que nuestro vecino, socio estratégico, asociado de la Unión, considera natural no reclamar como propios a 6.000 menores ni indignarse porque no se los devolvamos. Acepta como un alivio que su futuro se marche o se ahogue tratando de hacerlo, convalidando que no hay futuro en su país. ¡Qué pena!